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Felipe Hurtado (Socio) y Juan Rivadeneira (Gerente General)

  

Las empresas se sienten cómodas al interactuar con clientes, proveedores y competidores, en busca de generar rentabilidad mediante el incremento de sus ventas y el control de sus costos. Sin embargo, en muchas ocasiones una estrategia empresarial que puede considerarse eficaz para maximizar utilidades, fracasa en la realidad. Esto ocurre porque las empresas dejan de lado el análisis del entorno político, económico y regulatorio, que condiciona los negocios en una sociedad. El alejarse de esos ámbitos es un error común en el día a día de las organizaciones a nivel mundial. El entorno repercute en el desarrollo de los negocios, generando oportunidades y amenazas que deben ser identificadas, cuantificadas y gestionadas correctamente por las empresas.

 

En Ecuador podemos observar numerosos casos de cómo el entorno puede afectar al desarrollo de los negocios. Un ejemplo de ello son las salvaguardias que el gobierno ecuatoriano estableció hace pocos meses, con sobretasas arancelarias en rangos del 5% al 45% para la importación de más de 2.800 partidas. Esta medida ha afectado a muchas empresas que se abastecían de bienes de consumo importados, o que utilizaban materias primas y bienes de capital incluidos en la salvaguardia, lo que les ha obligado a ajustar sus presupuestos de ventas por incrementos en costos y reducciones de inventarios. Pero en contraste, otras empresas han visto la oportunidad de ampliar sus cuotas de mercado, al contar con producción local que no debe enfrentar competencia internacional. Así, esta decisión gubernamental ha generado ganadores y perdedores en el país.

 

Analizar el entorno es fundamental para comprender las razones que impulsan a un gobierno a tomar medidas de esta naturaleza y permiten anticipar regulaciones que pueden ser introducidas por la autoridad. Justamente, al observar la evolución del contexto internacional y nacional durante los últimos años, los empresarios pueden identificar los factores políticos y económicos que están condicionando los negocios en Ecuador. En el ámbito político, a inicios del siglo XXI surgieron en la región movimientos de izquierda que despertaron el entusiasmo de la

 

 

 

sociedad latinoamericana, ante la desilusión por los magros resultados económicos experimentados en las décadas pasadas bajo el paradigma del Consenso de Washington. Estos movimientos, comandados por líderes carismáticos, dieron pie a la formación de gobiernos "progresistas" que promovieron una mayor participación estatal en la economía, denunciaron las injusticias sociales y cuestionaron la apertura económica como puntal para el desarrollo. El gobierno ecuatoriano del Presidente Rafael Correa abanderó este discurso heterodoxo y avanzó una serie de políticas encaminadas a ampliar el tamaño del Estado, no solo con el objetivo de aumentar el gasto social y la inversión pública, sino también con la finalidad de regular las actividades privadas en el país. Adicionalmente, se cuestionó "el bobo aperturismo" y las injustas relaciones de poder a nivel mundial, regional y nacional. Estas ideas pudieron implementarse en algunos países de la región, incluido el Ecuador, gracias a un contexto económico internacional muy favorable para América Latina.

 

La región se benefició del boom en el precio de los commodities, impulsado por el crecimiento de China y otros países emergentes, que también se posicionaron como importantes inversores y financistas. Adicionalmente, las tasas de interés referenciales en los mercados internacionales se acercaron a cero y la Reserva Federal inundó de dólares la economía mundial mediante una política monetaria expansiva que se acentuó luego de la crisis financiera internacional de 2009. El incremento en el precio de los commodities en valores del 10,9% promedio anual entre 2003 y 2013, sólo interrumpido brevemente en 2009, permitió que las economías latinoamericanas crezcan a una tasa promedio anual del 4,2%, llevando a una paulatina reducción de la pobreza y surgimiento de una importante clase media. El ingreso de divisas por las exportaciones de materias primas estuvo acompañado de inversión y financiamiento que llegó a la región en busca de mayores rentabilidades ante los problemas en las economías desarrolladas.

 

 

 

 

 

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En el caso ecuatoriano, los altos precios del petróleo y de otras exportaciones (banano, camarón, cacao), sumados a un dólar débil y al financiamiento externo, permitieron apuntalar la dolarización. Los altos niveles de liquidez y la fuerte expansión de la demanda interna, gracias al gasto y a la inversión pública, con su efecto multiplicador sobre las actividades privadas y el consumo, permitieron aumentar los niveles de riqueza en el país. El peso del Estado en la economía aumentó del 24,6% en 2003 al 44,0% en 2013, el PIB creció a una tasa promedio anual del 4,8% en el mismo período y la pobreza se redujo del 49,9% al 25,5% en dichos años, también como consecuencia de acertadas políticas sociales implementadas en el país. Esta coyuntura económica favoreció enormemente a las empresas, que capturaron oportunidades en un mercado en expansión, registrando ventas record que aumentaban año a año. Un positivo desempeño de la economía que se tradujo en un fuerte apoyo popular a la gestión gubernamental, luego de años de desencanto político e inestabilidad institucional.

 

Como un hecho sin precedentes en la historia electoral ecuatoriana, el Presidente Correa ganó por dos ocasiones la primera magistratura en una sola vuelta con votaciones superiores al 55%. Su credibilidad ha sido muy alta (promedio de 54%) así como la calificación de su gestión (promedio 60%). Adicionalmente a las victorias en las elecciones presidenciales, el movimiento oficialista Alianza PAIS (AP), aumentó de manera importante su presencia en el órgano legislativo. Comenzó sin ningún diputado en la Cámara, hasta alcanzar en las elecciones de 2013, 100 asientos de 137 posibles, obteniendo incluso la fuerza suficiente para aprobar enmiendas constitucionales al superar el requisito de dos tercios de los votos (91). El control del legislativo ha permitido que el gobierno avance diversas reformas legales sin mayores obstáculos. La legislación producida por la "revolución ciudadana" ha tenido tres características. Primero, establece mayores controles institucionales (vía agencia de control o superintendencias) a las actividades normadas; segundo, son grandes códigos legales y; tercero, establece mecanismos por los cuales la justicia pasa al ámbito administrativo, sin que se cuente con las instancias que los procesos penales prevén.

 

Sin embargo, las elecciones seccionales de 2014 demostraron que la popularidad del Presidente no puede ser transferida a otras figuras del movimiento oficialista, al perder en nueve de las diez ciudades más pobladas del país. Ante esa realidad y el reto de continuar con el proyecto de la Revolución Ciudadana, el bloque oficialista elaboró un paquete de cambios a la Constitución para permitir la reelección presidencial con la finalidad que el presidente Rafael Correa pueda participar en los comicios de 2017. La Corte Constitucional dio paso al trámite como una "enmienda" vía la Asamblea Nacional, la cual seguramente será aprobada al finalizar el presente año. Sin embargo, el Presidente y el legislativo tendrán que asumir el costo político de ese acto, si se considera que en recientes encuestas el 80% de los consultados considera que el cambio a la Constitución sea a través de una consulta popular y, de estos, el 60% se ha mostrado contrario a la propuesta de la reelección indefinida. Contexto político complejo que enfrenta el gobierno en momentos en los que los fundamentos internacionales que tan positivos habían sido para el país y para la implementación de las políticas gubernamentales, han cambiado.

 

El FMI proyecta una caída acumulada del 32,8% en los precios de los commodities entre 2013 y 2015, mientras que en el caso del precio del petróleo, la reducción sería del 44,5% en el mismo período. A esto ha contribuido que los países emergentes ya no están creciendo a las elevadas tasas registradas en los años previos. Los BRICS, que brillaban hace algunos años, muestran un menor dinamismo. China ya no crece al 10%, sino a una tasa del 6% anual, similar a la de India. Mientras que Brasil y Rusia

 

entrarían en una fase recesiva en 2015, con caídas en su PIB del 1,0% y 3,8% respectivamente.

 

A la reducción en el apetito por las materias primas de la región se suman desarrollos tecnológicos que han permitido explotar recursos naturales en zonas antes inaccesibles y aumentar la productividad en la producción de bienes primarios. Adicionalmente, la economía estadounidense ha ganado impulso y es probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés referenciales en el mediano plazo, lo que ha llevado a una fuerte apreciación del dólar en los mercados internacionales.

 

La eliminación de algunos estímulos monetarios en economías desarrolladas implicará una reducción en el nivel de circulante a nivel mundial, llevando a un encarecimiento de los créditos y a una menor avidez por inversiones riesgosas en países emergentes. El FMI proyecta un crecimiento de apenas el 0,9% para América Latina en 2015, con desempeños en la mayor parte de países inferiores a los promedios históricos observados en los últimos años.

 

La economía ecuatoriana está sintiendo el impacto de estos cambios en el escenario internacional, al ver reducido el flujo de dividas que entran al país por el desplome de las exportaciones petroleras y el fortalecimiento del dólar frente a las monedas de sus socios comerciales. La balanza comercial fue deficitaria en $ 1.201 millones durante los primeros cuatro meses del año, en contraste con el superávit de $236 millones observado en el mismo período de 2014. Las exportaciones petroleras se redujeron a la mitad en el primer cuatrimestre, mientras que las exportaciones no petroleras disminuyeron al 0,3% anual. Las importaciones se contrajeron en una proporción menor, con una previsible caída de las compras externas de combustibles (31,2% anual) y un marginal incremento de las importaciones no petroleras en un 0,2%. Sin embargo, es de esperar que la introducción de las salvaguardias el 11 de marzo pasado y la menor disponibilidad de divisas por la caída en las exportaciones, lleve a una reducción en las compras externas en los próximos meses. Los déficits en las cuentas externas se han traducido en una paulatina reducción de las reservas internacionales , que pasaron de un monto máximo de $ 6.689 millones en septiembre de 2014, a un valor mínimo de $ 3.440 millones en abril de 2015, para luego recuperarse a $ 4.739 millones en junio, gracias al ingreso de algunos créditos internacionales.

 

Justamente para enfrentar los problemas en el sector externo y fiscal, el gobierno ha recurrido a un agresivo endeudamiento externo, que pasó de $12.930 millones en abril 2014 a $19.326 millones en abril 2015, un crecimiento interanual de 49,5%. Buena parte del crecimiento correspondió a la colocación de bonos en los mercados internacionales, con la emisión de $2,000 millones en junio de 2014 al 7,95% y otra emisión de $750 millones en marzo de 2015 al 10,5%, demostrando el aumento en la percepción de riesgo sobre el país. También se obtuvo financiamiento de organismos multilaterales y gobiernos por aproximadamente $1,800 millones. Finalmente el gobierno realizó una nueva colocación de deuda en mayo 2015 por $750 millones al 8,5%, y accedió a financiamiento bilateral, valores que no están incluidos en el stock de deuda señalado. Estas operaciones buscan generar recursos que permitan sostener el gasto público y evitar un mayor enfriamiento de la economía nacional, que se hizo muy dependiente del gasto público para su funcionamiento. En realidad el ritmo de crecimiento del PIB ya venía reduciéndose en los últimos años, pasando de incrementos interanuales superiores al 8% en 2011, a variaciones del 3,0% en el primer trimestre de 2015, en la medida que la disponibilidad de recursos se restringía.

 

 

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Pero las necesidades fiscales y externas son tan grandes, que a pesar del ingreso del financiamiento, la economía ecuatoriana ya está sintiendo los efectos de la menor disponibilidad de divisas. El ritmo de crecimiento de los depósitos en la banca privada se ha ralentizado, con una expansión anual del 2,4% hasta mayo de 2015, frente a incrementos de dos dígitos que se habían observado durante 2014. Mientras que la cartera de crédito, si bien continúa creciendo a tasas del 11,2% anual, irá ajustándose a un escenario económico menos dinámico. Los consumidores también evidencian una menor confianza respecto a la situación económica del país, lo que los llevará a ser más cautos sobre sus decisiones de compra en los próximos meses, conforme lo demuestra la evolución del índice de confianza al consumidor calculado por el BCE, que alcanzó mínimos de cuatro años en los primeros meses de 2015. Esto podría agudizar el proceso de moderación en el ritmo de crecimiento, lo que ya ha provocado un recorte en las proyecciones del PIB para el presente año. El FMI, que en octubre de 2014 había previsto un crecimiento del 4,0% para la economía ecuatoriana, proyecta ahora una expansión del 1,9%, valor que ha sido ratificado por las autoridades gubernamentales, en base a estimaciones del BCE. Sin embargo, otras consultoras económicas nacionales y extranjeras han previsto un crecimiento aún menor, cercano al 1,0%.

 

En esta coyuntura, el gobierno había dado señales de acercamiento al sector empresarial, ante la necesidad de impulsar una mayor inversión privada, que compense en algo la caída en la inversión pública. Se promovió el desarrollo de alianzas público privadas para inversiones en sectores estratégicos. También se anunciaron reformas que permitan reducir los trámites y papeleos para la constitución y funcionamiento de empresas. Se incorporaron al gobierno funcionarios más cercanos a las visiones empresariales y se anunció una pausa normativa para dar previsibilidad a los negocios. El fomento del cambio en la matriz productiva, mediante la sustitución de importaciones con producción local, fue visto como una ventana de oportunidades para muchos empresarios. Mientras que la recuperación del crecimiento en los principales mercados de destino de los productos no petroleros del país (EE.UU., UE), era otra fuente de optimismo para sectores exportadores, que aplaudieron a su vez la finalización de negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Finalmente, la apuesta del gobierno por la promoción de la construcción y el turismo, al ser sectores intensivos en el uso de mano de obra y que evitan las salidas de divisas, fue también bien recibida por empresas vinculadas a estas actividades.

Pero recientes medidas impulsadas por el ejecutivo han despertado nuevamente preocupación en el sector empresarial. Se ha anunciado el envío de una serie de proyectos de ley a la Asamblea Nacional que regulan aspectos esenciales para el desarrollo de los negocios en Ecuador, desde el régimen de propiedad intelectual, pasando por la estructura del sistema de salud, hasta el régimen de seguridad social. Adicionalmente, se envió un proyecto económico urgente que modificaba el impuesto a las herencias para "promover la redistribución de la riqueza" y "la democratización del capital a favor de los trabajadores". También se promovió un proyecto de ley para el pago de un tributo sobre las ganancias extraordinarias en la venta de bienes raíces (plusvalía). Si bien los proyectos de herencia y plusvalía han sido temporalmente retirados, los agentes económicos continúan mostrando nerviosismo por el potencial impacto de estas regulaciones en los negocios. Adicionalmente, otras instancias estatales están promoviendo controles y regulaciones sobre las actividades empresariales. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha iniciado investigaciones de oficio por potenciales casos de "control de poder de mercado" y ha trabajado en manuales específicos para regular a ciertos sectores de la economía (supermercados, farmacias, vehículos, venta directa, etc.). Estas señales mixtas dadas por el gobierno, genera desconfianza en el sector privado y difícilmente induzcan a mayores inversiones en el país, lo que podría afectar aún más en el crecimiento de la economía en 2015.

 

 

Todo lo señalado en los párrafos precedentes evidencia la importancia que tiene el entorno político, económico y regulatorio, para la definición de estrategias empresariales sólidas. De la mano del Presidente Rafael Correa, Ecuador dio un giro en la forma en que se manejan los asuntos públicos de las empresas. Con un gran stakeholder como es el Estado ecuatoriano, los planes y programas de Alianza País han sido la hoja de ruta para las decisiones de política económica y política pública. Sobre la base de esta realidad, cada vez más empresas suman criterios políticos y escenarios regulatorios a sus análisis estratégicos y de riesgos corporativos, ya que permiten capturar oportunidades y mitigar amenazas. Pero adicionalmente, el contexto internacional repercute en el desempeño de la economía ecuatoriana y puede incidir en las decisiones gubernamentales, con impactos directos sobre las actividades empresariales (ejemplo: salvaguardias). Precisamente el complejo contexto económico que enfrenta Ecuador, se traducirá en mayor conflictividad política e inestabilidad regulatoria, con efectos sobre el desarrollo de los negocios en el país. Las empresas deberán lidiar en ese entorno y explorar oportunidades en un escenario mucho más volátil.

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